El presidente Nicolás Maduro avanza a marchas forzadas para tener en menos de dos meses una asamblea constituyente, con amplias potestades, que le ayude a revertir la crisis económica, social y sobre todo política que envuelve al país petrolero, mientras la violencia se abre paso entre las protestas con un saldo, en 65 días, de 65 muertos y más de mil heridos. 

Lejos de amainar, la contienda política en Venezuela ha entrado en una verdadera carrera contrarreloj después de que el presidente Nicolás Maduro convocara a una asamblea nacional constituyente, “obrera y comunal”, a elegirse el próximo 30 de julio, deadline para esta batalla entre el heredero de Hugo Chávez y la oposición, que transformó en callejera su fuerza electoral.

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Marchas multitudinarias, “plantones” (ocupaciones de calles durante muchas horas), fogatas, cierres de vías y concentraciones de la oposición llevan a enfrentamientos con las fuerzas antimotines que les cierran el paso, y han dado lugar a excesos, como incendios de transportes y establecimientos, además de saqueos, y a la trágica contabilidad de al menos 65 muertes y un millar de heridos (según datos del Ministerio Público).

El oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), que no reúne en la calle las multitudes que acompañaron la presidencia del fallecido Chávez (1999-2013), responde con reducidas marchas y mitines y, bajo la guía de Maduro, prepara la constituyente llamada a reanimar la revolución bolivariana iniciada hace 18 años.

Nuevas reglas

El mandatario dijo que la carta magna impulsada por Chávez en 1999 será reescrita, para constitucionalizar las misiones (programas asistenciales), los consejos comunales y comunas (formas de poder local), dedicar un capítulo a la juventud, buscar un desarrollo económico pospetrolero, reafirmar valores de paz y justicia y aislar a los violentos, así como para reafirmar la soberanía y rechazar el intervencionismo.

La propuesta fue lanzada el 1 de mayo. La composición y formas de elección de esa asamblea se conocieron el día 23, y el 5 de junio se hizo un agregado: se exhorta a que el texto de la nueva Constitución se someta a un referendo aprobatorio.

Maduro elaboró las reglas de la elección: la constituyente tendrá un total de 545 diputados, de los cuales 354 serán “territoriales”, elegidos en los 335 municipios del país, y 181 serán “sectoriales”, escogidos por listados, registrados ante el gobierno, de ocho sectores de la vida nacional: 79 de los trabajadores (según el padrón de la seguridad social), 28 de los pensionados, 24 de los consejos comunales, 24 de los estudiantes y otros jóvenes, ocho de campesinos y pescadores, ocho de los indígenas (medio millón de individuos en 40 etnias), cinco de los empresarios y cinco de las personas con discapacidad.

Amplias potestades 

Por ello la constituyente será “obrera, comunal y profundamente chavista”, según el mandatario, y, al detentar el “poder originario y soberano” de la república, no sólo redactará una nueva Constitución sino que mientras delibera podrá tomar cualesquiera decisiones o dictar las leyes y órdenes que considere adecuadas por reordenar y dirigir el Estado, sin tener además una fecha límite para que se extingan sus trabajos.

“No nos corresponde a nosotros, como poder constituido, normar a la futura asamblea constituyente. Será ella la que se dé su estatuto definitivo, su período de funcionamiento, sus normas, sus acciones, la que a través de actos constituyentes irá tomando decisiones”, destacó Elías Jaua, ministro de Educación y jefe de la comisión presidencial que prepara la constituyente.

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Para elegirla, tanto en el campo territorial como en el sectorial la votación será directa, universal y secreta. Un obrero, estudiante, pescador o pensionado dispondrá de dos votos, como habitante de un municipio y como partícipe en el listado de un sector social.

El poder electoral aceptó raudamente la propuesta de Maduro e informó que en tres días habilitados se preinscribieron, vía Internet, más de 52 mil aspirantes a un escaño en la constituyente. Los candidatos deberán presentar en su apoyo las firmas de 3 por ciento de los electores de su municipio e inscribirse a título personal. Los partidos políticos no podrán presentar candidaturas. Aún no se ha decidido el cronograma ni las normas de la que será una campaña electoral relámpago antes del último domingo de julio.

Oposición a la carga 

La propuesta de Maduro exacerbó aún más a la oposición, que desde comienzos de abril protestaba masivamente en las calles de decenas de ciudades “contra el golpe de Estado continuado” y la “instauración de una dictadura”: el Tribunal Supremo de Justicia había asumido las funciones del parlamento y despojado de su inmunidad a los diputados de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora.

Esas decisiones fueron parcialmente revertidas después de que la fiscal general, Luisa Ortega, declaró que se produjo una “ruptura del orden constitucional”, pero la oposición, dirigida por la coalición multipartidaria Mesa de Unidad Democrática (MUD), ya había cobrado vuelo y masificaba sus cuatro demandas en la coyuntura.

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Ellas son: un cronograma de comicios para alcaldes, gobernadores de estado y presidente, eludido por el Consejo Nacional Electoral; la liberación de más de cien presos políticos (o políticos presos, según el gobierno); respeto a la Asamblea Nacional y a sus decisiones; y apertura de “un canal humanitario” para que fluya cooperación internacional en alimentos y medicinas, bienes por los que se padece desabastecimiento y carestía en Venezuela.

A sangre y fuego 

A partir de mayo se agregó una quinta demanda, “No a la constituyente”. Con ello ambos bandos subieron la apuesta y la sostienen a sangre y fuego, tratando de que el contrario retroceda: para Maduro “la constituyente va, llueva, truene o relampaguee”, y para el número dos del Psuv, Diosdado Cabello, la nueva asamblea propuesta “es innegociable”. Para la oposición, en cambio, es impensable acompañar el nuevo proceso.

En la acera opositora surgen argumentos desde posiciones diversas: la constituyente sería un ardid de Maduro y su grupo para perpetuarse en el poder (según la MUD), es innecesaria e inoportuna (según el episcopado), aumenta la confrontación (generales retirados que acompañaron a Chávez), viola la Constitución vigente y principios del derecho (juristas y académicos) y “busca implantar la dictadura” o “no resuelve los problemas de alimentos y medicinas” (expresiones de los manifestantes en las calles).

Un aspecto destacado es la sobrerrepresentación que habrá en la asamblea, pues se desechó la proporcionalidad, y municipios con unos pocos miles de habitantes tendrán un diputado al igual que aquellos donde hay cientos de miles de electores.

Como la MUD y otras entidades (jerarquía católica, universidades privadas y estatales autónomas, gremios empresariales y profesionales, federaciones estudiantiles, diversas agrupaciones sindicales, de indígenas y organizaciones no gubernamentales) decidieron no participar en la constituyente y militan en la calle en su contra –lo que presagia una elevada abstención–, y como la convocatoria para julio marcha a paso redoblado, es muy probable que el oficialismo tendrá la mayoría de los escaños.

“Voltear a la fiscalía” 

Según Maduro, las tareas de la constituyente “tienen que ver con transformar el Estado para luchar contra el burocratismo y la corrupción, para construir una sociedad más democrática y social”, a la vez que “es el único camino que tenemos para la búsqueda de la paz y la justicia profunda”.

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Sobre este último punto, adelantó que la constituyente establecerá una comisión de la verdad para “destapar todos los hechos violentos” que se han registrado en el marco de más de dos meses de protestas opositoras, las que Maduro, el Psuv y la jerarquía militar han denunciado como seguidoras de un guión, orientado desde Washington, para crear un clima de desestabilización que permita liquidar el proceso bolivariano.

A la nueva asamblea se le confían una labor de largo aliento –elaborar una nueva Constitución– y otras para lo más inmediato y cercano, como resolver los desencuentros entre los poderes públicos, pues el Ejecutivo nacional confronta a varios gobernadores y alcaldes, pero sobre todo a la Asamblea Nacional, el parlamento elegido en diciembre de 2015, y más recientemente a la Fiscalía General.

“Con la constituyente vamos a voltear patas arriba a la Fiscalía General”, proclamó Cabello en su programa de la televisión oficial (véase recuadro), en tanto el ministro Jaua, en un mitin, criticando a diputados opositores que encabezan marchas de protesta, les advirtió: “Vamos a ver qué hacen cuando se instale la constituyente y ya no tengan inmunidad”, lo que presagia que la asamblea elegida en julio hará a un lado o disolverá el parlamento en funciones.

Otro dirigente, Isaías Rodríguez, ex vicepresidente y ex fiscal general de la república, integrante de la comisión que prepara la constituyente, dijo –al instalarse un comando de campaña oficialista– que desde la nueva asamblea “vamos a arrasar con la derecha, vamos a acabarla, vamos a aniquilarla definitivamente”.

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En la calle 

Mientras los dirigentes de las dos aceras políticas sostienen su pulseada, en las calles las protestas no cesan. En un guión repetido casi a diario, la dirigencia opositora convoca a través de las redes sociales –y al margen de la mayoría de los medios de comunicación tradicionales– a manifestaciones en Caracas y las principales ciudades. Miles de personas acuden a los llamados. También el oficialismo organiza marchas de respaldo, de diferentes sectores sociales, principalmente frente a Miraflores, sede de la presidencia.

En provincia, con frecuencia, las manifestaciones degeneran en desórdenes, reprimidos por la Policía Nacional y la Guardia Nacional (un componente de las fuerzas armadas), pero a veces marchan en paz y la demostración concluye sin incidentes. En Caracas, en cambio, desde hace tres años las fuerzas del orden no permiten que los manifestantes se acerquen al centro de la ciudad, y cuando las marchas toman camino hacia cualquier dependencia pública son disueltas con profusión de gases lacrimógenos y chorros de agua.

Aunque oficialmente no hay armas letales en esos encuentros, en el contexto de las protestas han muerto al menos 65 personas, incluidos algunos agentes uniformados. Perecieron al recibir balazos, o bombas lacrimógenas disparadas a quemarropa, o canicas o piezas metálicas disparadas con algún arma de fuego, electrocutados durante un saqueo; y también dos personas fueron linchadas, al parecer por manifestantes exaltados.

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El ministro de Información, Ernesto Villegas, dijo que una investigación de su despacho contabilizó ya 80 muertos en el marco de las protestas, la mayoría de ellos transeúntes o personas que no participaban directamente en la demostración opositora, pese a lo cual “hay una matriz comunicacional para culpar de todas las muertes al presidente Maduro”.

Los heridos pasan del millar, los detenidos de 3 mil. Como la Fiscalía civil libera a los aprehendidos contra quienes no encuentra evidencias suficientes, el gobierno activó tribunales militares para juzgar a civiles, algo prohibido por la Constitución, según los abogados defensores y ONGs de derechos humanos.

La prensa que cubre las demostraciones y su represión ha pagado un fuerte costo en decenas de agresiones, heridas, despojo de materiales, daño o robo de equipos, además de limitaciones para la cobertura.

Los daños atribuidos a la Policía y la Guardia Nacional llevaron al general en jefe Vladimir Padrino, ministro de Defensa y comandante operacional de las fuerzas armadas, a declarar el pasado 6 de junio que “no quiero ver a un guardia más cometiendo otra atrocidad. Quien no se comporte como un profesional que asuma su responsabilidad”.

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Y en el continente 

La Organización de Estados Americanos (OEA) fracasó en su intento de alcanzar una resolución sobre Venezuela en la reunión de cancilleres que efectuó en Washington el 31 de mayo. El grupo de 14 países (Brasil, Canadá, Estados Unidos y la mayoría de los de habla castellana) no pudo frente a los también 14 de la Comunidad del Caribe, con mayoría de habla inglesa. Sin embargo, en el debate se coincidió en señalar que en Venezuela hay una crisis y que la comunidad hemisférica debería aportar a su solución. Un nuevo intento se hará posiblemente el 18 de junio, un día antes de que comience en Cancún la asamblea general de la OEA.

Como Venezuela decidió retirarse de esa organización (aunque su canciller irá a Cancún, pues la ruptura demora dos años en concretarse), más que sancionar al país aplicando la Carta Democrática, que la organización adoptó en 2001, se buscaría crear un mecanismo de acompañamiento o de impulso a un entendimiento entre los contendores venezolanos para disminuir la confrontación y buscar salidas al conflicto, por ejemplo conformando un grupo de países amigos o de personalidades que ayuden en esa dirección.

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El tema de la constituyente está muy presente en ese escenario, y sus intríngulis son manejados con gran solvencia por las cancillerías de los países vecinos. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha postulado que la constituyente “es parte del problema, no de la solución”. Y pasos que da el gobierno venezolano al confrontar a los opositores son a menudo criticados por Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, México, Panamá, Paraguay, Perú, Estados Unidos y la Unión Europea. Llegan en cambio respaldos de Bolivia, Cuba, Ecuador y Nicaragua, y alguna frase ecléctica desde Beijing o Moscú.

Todo ello explica la prisa del gobierno por concretar esa asamblea, que se presentaría como un hecho cumplido o carta a su favor, y de la oposición por impedirla, para que la salida a la crisis gravite sobre las cuatro demandas que ha mantenido el último año.

Finalmente, en el “flanco espiritual” del asunto, el Vaticano, que hizo de acompañante o mediador en un fallido diálogo gobierno-oposición en 2016, regresa a escena con una reunión este 8 de junio del papa Francisco con la cúpula del episcopado venezolano.

En ámbitos más terrenales, trasciende que Estados Unidos estudia la opción de imponer alguna sanción a la industria petrolera venezolana, mientras la banca Goldman Sachs hace pingües negocios al comprar con enorme descuento bonos de deuda venezolana que alivian las famélicas finanzas de Caracas. Y la guinda: por ser en última instancia un país que depende de ingresos que fluctúan con los precios del petróleo, Venezuela tiene un ojo puesto en la conflictiva situación del Golfo Pérsico, que se aviva cada día.

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La fiscal general, Luisa Ortega Díaz: la piedrita en el zapato

“El día que repartieron el miedo yo no llegué”, comentó la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, a varios intelectuales y abogados que el pasado lunes fueron a reconocerle su posición crítica ante el Ejecutivo y pedirle que actúe sin temor frente al poder electoral.

Ortega se ha convertido en personaje central de la actual coyuntura venezolana: acabó con la unanimidad de años en el oficialismo, descolocó a otros poderes del Estado, desmintió a mandos militares y gubernamentales a cargo de reprimir las protestas y mantiene la titularidad de la acción penal, una herramienta, por no decir un arma, frente a funcionarios públicos de cualquier nivel que traspasen la legalidad.

“Hay una ruptura del orden constitucional”, dijo a finales de marzo, y el Tribunal Supremo debió dar un paso atrás en sus decisiones contra el parlamento. Al avanzar las protestas conminó a los mandos militares y policiales a respetar los procedimientos si querían mantener personas detenidas. Desmintió al gobierno acerca de la muerte de un estudiante en medio de una manifestación. Criticó a funcionarios y dirigentes oficialistas que adelantan hipótesis sobre hechos que investiga la Fiscalía. Y el 1 de junio pidió al Supremo que aclare la convocatoria a la constituyente, pues a su juicio es innecesaria y regresiva frente a los derechos humanos consagrados en la Constitución.

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Abogada, de 58 años, nacida en las llanuras centrales, simpatizante en su juventud del grupo izquierdista Ruptura (brazo legal de la insurgencia que lideró Douglas Bravo, comandante guerrillero de los años sesenta y setenta ), Ortega hizo carrera en el Ministerio Público y el ex presidente Chávez aupó su candidatura para la Fiscalía General a partir de 2005, siendo reelegida por ocho años en 2013. Para su remoción sería necesario el voto de la Asamblea Nacional, lo cual es difícil que ocurra pues la oposición no va a defenestrarla, y por ello el oficialismo llama a la constituyente a ocuparse del caso.

De carácter firme, empeñada en fortalecer su institución, con declaraciones públicas muy bien calculadas y expuestas, Ortega también tiene talento u olfato político, según sus colegas y colaboradores, quienes consideran que su accionar es observado por oficialistas que seguirían sus pasos para romper con las propuestas y la conducción de Maduro. Por lo pronto, su esposo, el diputado del Psuv Germán Ferrer, ya anunció que se opone a la constituyente.

Dirigentes del Psuv observan y cuestionan: “indigna” la llamó el vicepresidente Tarek el Aissami. “El Tribunal Supremo debe designar una junta médica para examinarla”, dijo el diputado Pedro Carreño. “Que renuncie”, clamó el también diputado Darío Vivas en una concentración a las puertas de la Fiscalía que acusó a la funcionaria de “traidora”. “Esa señora está trabajando preaviso (lapso legal para retirarse de un empleo)” comentó la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela. Maduro, al reclamar acciones frente a la violencia en las protestas, ha dicho que Ortega “tiene derecho a la posición política que quiera, pero tiene el deber de trabajar por la verdad”.

Humberto Márquez

11/06/2017

Publicado desde: Sin Permiso ( http://www.sinpermiso.info/textos/venezuela-asi-estan-las-cosas)

“la redacción del Bloque no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas por los autores de los artículos”

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